El Gobierno federal anunció un plan para fortalecer y reestructurar Talleres Gráficos de México, con el objetivo de que esta institución pública asuma la producción de documentación y materiales electorales, actualmente impresos también por empresas privadas, y contribuya a reducir los costos de los comicios.
Al encabezar la conferencia de prensa mañanera de este miércoles, 18 de noviembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el programa se desarrollará en dos etapas: la primera, de ahora a junio de 2027, contempla cambios administrativos, mayor supervisión y transparencia en las contrataciones; la segunda, de julio de 2027 a 2030, prevé la creación de la Imprenta Nacional de México y modificaciones legales para establecer que la documentación electoral sea producida por entes públicos.
Como parte de la primera fase, el decreto que se publicará este miércoles reestructurará la Junta de Gobierno de Talleres Gráficos, que pasará de cuatro a siete integrantes. Se incorporarán tres representantes independientes propuestos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico de Monterrey.
Los representantes designados son Raúl Juan Contreras Bustamante, por la UNAM; Ángel Eustorgio Rivera González, por el IPN, y Josefina Cortés Campos, por el Tecnológico de Monterrey.
La Junta también estará integrada por los titulares de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. Además, podrá invitar a instituciones electorales y responsables de auditorías a participar en sus sesiones.
Rodríguez señaló que Talleres Gráficos es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía operativa, técnica y administrativa, así como autosuficiencia financiera.
La funcionaria indicó que uno de los cambios será la creación de un padrón público de contratistas y proveedores, en el que se evaluará la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera de las empresas. También se habilitará un registro de datos abiertos sobre los contratos y convenios celebrados, las órdenes de producción y el avance de su ejecución.
El organismo estará sujeto a auditorías anuales y a las revisiones que realice la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, se establecerá la exclusión de empresas con impedimentos legales, sanciones o señalamientos de la autoridad fiscalizadora, así como de aquellas que no acrediten las capacidades necesarias para prestar los servicios.
La secretaria agregó que las adquisiciones deberán realizarse conforme a la normatividad vigente y mediante procedimientos de contratación pública. También se buscará homologar las tarifas y los precios para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Como medida para prevenir conflictos de interés, la persona titular de la Dirección General no deberá haber sido representante, socio o empleado de proveedores de documentación y materiales electorales durante los cinco años previos a su nombramiento.
La segunda etapa del proyecto, prevista para el periodo de julio de 2027 a 2030, contempla formular una Ley de la Imprenta Nacional de México, con el propósito de establecer un mandato para que la documentación y los materiales electorales, así como los documentos de seguridad, sean producidos por instituciones públicas.
Para ello, el Gobierno buscará promover una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), a fin de que la producción de materiales electorales por entes públicos deje de ser una opción y se convierta en una disposición obligatoria.
También se propondrá una compra consolidada para el INE y los OPLE, con un catálogo único de materiales y especificaciones, con el argumento de reducir los costos de los procesos electorales.
Entre las medidas previstas se encuentra la creación de un Almacén Nacional de Materiales Electorales, que permitirá recuperar, reparar y reutilizar urnas, canceles y otros insumos entre elecciones, con el propósito de generar ahorros y reducir el impacto ambiental.
Durante la presentación, Rodríguez anunció que Viridiana Gabriela Yáñez Rivas asumirá la Dirección General de Talleres Gráficos de México, por designación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Yáñez Rivas es licenciada en Sociología, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Políticas Públicas, egresada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ingresó al organismo en diciembre de 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos, donde participó en tareas de certificación, planeación institucional y sistematización de procesos.